LEY Nº 18.101

FIJA NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

 

    TITULO I 
    Ambito de aplicación de la ley

 

    Artículo 1°.- El contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, entendiéndose por tales los ubicados dentro del radio urbano respectivo, se regirá por las disposiciones especiales de esta ley y, en lo no previsto en ella, por el Código Civil.
    La misma norma se aplicará a los arrendamientos de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda de una hectárea.

 

     Artículo 2º- Esta ley no será aplicable a los 
siguientes bienes raíces urbanos:
     1.- Predios de cabida superior a una hectárea 
y que tengan aptitud agrícola, ganadera o forestal, 
o estén destinados a ese tipo de explotación;
     2.- Inmuebles fiscales;
     3.- Viviendas que se arrienden por temporadas 
no superiores a tres meses, por períodos continuos 
o discontinuos, siempre que lo sean amobladas y para 
fines de descanso o turismo;
     4.- Hoteles, residenciales y establecimentos 
similares, en las relaciones derivadas del hospedaje, y
     5.- Estacionamiento de automóviles y vehículos.
     No obstante, los juicios que se originen en 
relación con los contratos a que se refieren los Nos. 3 
y 5 de este artículo, se sustanciarán con arreglo al 
procedimiento establecido en el Título III de la 
presente ley.
     6.- Las viviendas regidas por la ley Nº19.281.
LEY 19866
Art. 1º Nº 1
D.O. 11.04.2003

 

    TITULO II 
    Desahucio y Restitución

 

     Artículo 3º- En los contratos en que el plazo 
del arrendamiento se haya pactado mes a mes y en los 
de duración indefinida, el desahucio dado por el 
arrendador sólo podrá efectuarse judicialmente o 
mediante notificación personal efectuada por un 
notario.
     En los casos mencionados en el inciso anterior, 
el plazo de desahucio será de dos meses, contado desde 
su notificación, y se aumentará en un mes por cada año 
completo que el arrendatario hubiera ocupado el 
inmueble. Dicho plazo más el aumento no podrá exceder, 
en total, de seis meses.
     El arrendatario desahuciado podrá restituir el 
bien raíz antes de expirar el plazo establecido en 
este artículo y, en tal caso, estará obligado a pagar 
la renta de arrendamiento sólo hasta el día de la 
restitución.
LEY 19866
Art. 1º Nº 2
D.O. 11.04.2003

 

     Artículo 4º- En los contratos de plazo fijo que 
no exceda de un año el arrendador sólo podrá solicitar 
judicialmente la restitución del inmueble y, en tal 
evento, el arrendatario tendrá derecho a un plazo de 
dos meses, contado desde la notificación de la 
demanda.
    En los casos a que se refiere este artículo el 
arrendatario podrá restituir el inmueble antes de 
expirar el plazo de restitución y sólo estará 
obligado a pagar la renta de arrendamiento hasta el 
día en que aquélla se efectúe.
LEY 19866
Art. 1º Nº 3
D.O. 11.04.2003

 

    Artículo 5°.- En los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación con plazo fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita la facultad del arrendatario de subarrendar, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso éste podrá poner término anticipado al contrato sin la obligación de pagar la renta por el período que falte.

 

     Artículo 6º- Cuando el arrendamiento termine por 
la expiración del tiempo estipulado para su duración, 
por la extinción del derecho del arrendador o por 
cualquier otra causa, el arrendatario continuará 
obligado a pagar la renta de arrendamiento y los 
gastos por servicios comunes que sean de su cargo, 
hasta que efectúe la restitución del inmueble.
     Si el arrendatario abandonare el inmueble sin 
restituirlo al arrendador, éste podrá solicitar al 
juez de letras competente que se lo entregue, sin 
forma de juicio, con la sola certificación del 
abandono por un ministro de fe. Dicho funcionario 
levantará acta del estado en que se encuentre el bien 
raíz al momento de su entrega al arrendador y remitirá 
copia de ella al tribunal.
LEY 19866
Art. 1º Nº 4
D.O. 11.04.2003

 

    TITULO III 
    De la competencia y del procedimiento

 

    Artículo 7°.- Las normas de que trata este Título se aplicarán a los juicios relativos a los contratos de arrendamientos de inmuebles a que se refiere el artículo 1° de esta ley.
    Deberán aplicarse, en especial, a los juicios siguientes:
    1.- Desahucio;
    2.- Terminación del arrendamiento;
    3.- Restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo;
    4.- Restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador;
    5.- De indemnización de perjuicios que intente el arrendador o el arrendatario, y
    6.- Otros que versen sobre las demás cuestiones derivadas de estos contratos.

 

     Artículo 8º- Los juicios a que se refiere el 
artículo anterior se regirán por las reglas siguientes:

     1) El procedimiento será verbal; pero las partes 
podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que 
se establezcan los hechos invocados y las peticiones 
que se formulen. Deducida la demanda, citará el 
tribunal a la audiencia del quinto día hábil después 
de la última notificación;
     2) La notificación de la demanda se efectuará 
conforme a la norma del inciso primero del artículo 
553 del Código de Procedimiento Civil. Para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo 
Código, se presumirá de pleno derecho como domicilio 
del demandado el que corresponda al inmueble arrendado;
     3) En la demanda deberán indicarse los medios de 
prueba de que pretende valerse la demandante. Sólo 
podrán declarar hasta cuatro testigos por cada parte 
y la nómina, con la individualización de los que el 
actor se proponga hacer declarar, se presentará en el 
escrito de demanda. La nómina con los testigos del 
demandado, hasta antes de las 12:00 horas del día que 
preceda al de la audiencia;
     4) La audiencia tendrá lugar con sólo la parte 
que asista, se iniciará con la relación verbal de la 
demanda y continuará con la contestación verbal del 
demandado. Acto seguido se procederá obligatoriamente 
al llamado a conciliación;
     5) En la contestación el demandado podrá 
reconvenir al actor, debiendo en el mismo acto dar 
cuenta de los medios de prueba que sustentan su 
pretensión. De la reconvención se dará traslado a la 
demandante, la que podrá contestar de inmediato o 
reservar dicha gestión para la audiencia a que se 
refiere el inciso final del número 6) del presente 
artículo. En ambos casos, la reconvención será 
tramitada y resuelta conjuntamente con la cuestión 
principal;
     6) En caso de no producirse avenimiento total, 
el juez establecerá los puntos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos que deban ser 
acreditados, procediendo de inmediato a la recepción 
de la prueba ofrecida en la demanda y la contestación.
     Si el tribunal no estimare que existan puntos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban 
ser acreditados, citará de inmediato a las partes 
para oír sentencia.
     Si se hubiere deducido demanda reconvencional, 
la demandante podrá solicitar se cite a las partes a 
una nueva audiencia a realizarse dentro de los 5 días 
siguientes, a objeto de proceder a la contestación de 
la misma y a la recepción de la prueba que ofrezca. 
Las partes se entenderán citadas de pleno derecho a 
dicha audiencia y se procederá en ella en conformidad 
a lo establecido en el presente artículo. En este 
caso, cualquiera de las partes podrá solicitar se 
reserve para dicha audiencia el examen de la prueba 
que no pudiere ser rendida en el acto;
     7) La prueba será apreciada conforme a las 
reglas de la sana crítica. La prueba testimonial no 
se podrá rendir ante un tribunal diverso de aquél que 
conoce de la causa. Concluida la recepción de la 
prueba, las partes serán citadas a oír sentencia;
     8) Los incidentes deberán promoverse y tramitarse 
en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión 
principal, sin paralizar el curso de ésta. La 
sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción 
deducida y sobre los incidentes, o sólo sobre éstos 
cuando sean previos o incompatibles con aquélla;
     9) Sólo serán apelables la sentencia definitiva 
de primera instancia y las resoluciones que pongan 
término al juicio o hagan imposible su continuación.
     Todas las apelaciones se concederán en el solo 
efecto devolutivo; tendrán preferencia para su vista 
y fallo y durante su tramitación, no se podrá conceder 
orden de no innovar.
     En segunda instancia, podrá el tribunal de 
alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía de 
apelación sobre todas las cuestiones que se hayan 
debatido en primera para ser falladas en definitiva, 
aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo 
apelado, y
     10) Las partes podrán comparecer y defenderse 
personalmente, en primera instancia, en los juicios 
cuya renta vigente al tiempo de interponerse la 
demanda no sea superior a cuatro unidades tributarias 
mensuales.
LEY 19866
Art. 1º Nº 5
D.O. 11.04.2003

 

     Artículo 9º- Cuando el demandado reclame 
indemnizaciones haciendo valer el derecho de retención 
que otorga el artículo 1.937 del Código Civil, deberá 
interponer su reclamo en la audiencia a que se refiere 
el artículo anterior. El tribunal resolverá en la 
sentencia definitiva si ha lugar o no a la retención 
solicitada.
LEY 19866
Art. 1º Nº 6
D.O. 11.04.2003

 

    Artículo 10.- Cuando la terminación del arrendamiento se pida por falta de pago de la renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.977 del Código Civil, la segunda de las reconvenciones a que dicho precepto se refiere se practicará en la audiencia de contestación de la demanda.
    Al ejercitarse la acción aludida en el inciso precedente podrán deducirse también, conjuntamente, la de cobro de las rentas insolutas en que aquella se funde y las de pago de consumo de luz, energía eléctrica, gas, agua potable y de riego; gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se adeuden.
    Demandadas esas prestaciones, se entenderán comprendidas en la acción las de igual naturaleza a las reclamadas que se devenguen durante la tramitación del juicio y hasta que la restitución o el pago se efectúe.

 

    Artículo 11.- Para que a los subarrendatarios les sean oponibles lo obrado y la sentencia recaída en los juicios de desahucio, de restitución o de terminación de arrendamiento por falta de pago de la renta seguidos contra el arrendatario, les deberá ser notificada la demanda o deberán haberse apersonado a la causa.
    Con tal fin, en dichos juicios el ministro de fe, en el acto de notificación personal de la demanda, requerirá de juramento al demandado acerca de la existencia o no de subarrendatarios y, en caso afirmativo, de sus nombres. El ministro de fe deberá dejar constancia escrita de la notificación a una persona adulta ocupante del inmueble.
    Si la demanda no hubiere sido notificada personalmente, el mismo requerimiento lo deberá hacer el tribunal en la audiencia respectiva de contestación, si concurriere el demandado y, en caso afirmativo, se suspenderá ésta, se ordenará notificar a los subarrendatarios y se citará a una nueva audiencia, la que tendrá lugar una vez practicadas las notificaciones pertinentes o una vez que los subarrendatarios se hayan apersonado a la causa.

 

     Artículo 12.- En los juicios de terminación del 
arrendamiento por falta de pago de la renta seguidos 
contra un subarrendador, los subarrendatarios podrán 
pagar al demandante, antes de la dictación de la 
sentencia de primera instancia, las rentas adeudadas 
por el arrendatario. Si así lo hicieren, enervarán de 
este modo la acción y tendrán derecho a ser 
reembolsados de ellas por el subarrendador, con más el 
interés corriente a contar de su pago, o a imputarlas 
a las rentas más inmediatas; todo ello, sin perjuicio 
de las indemnizaciones que correspondan.
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982

 

     Artículo 13.- El cumplimiento de las resoluciones 
que se dicten en los juicios a que se refiere este 
Título se regirá por las reglas generales. Sin 
embargo, cuando ellas ordenaren la entrega de un 
inmueble, se aplicará lo prescrito en el artículo 595 
del Código de Procedimiento Civil.
     En estos juicios y en los de comodato precario, 
el juez de la causa, decretado el lanzamiento, podrá 
suspenderlo en casos graves y calificados, por un 
plazo no superior a treinta días.
LEY 19866
Art. 1º Nº 7
D.O. 11.04.2003

 

    Artículo 14.- En los juicios a que se refiere este Título en que se solicite la entrega del inmueble, el arrendador podrá hacer notificar la demanda a las empresas que suministren gas, energía eléctrica o agua potable, y en tal caso el demandado será el único responsable de los consumos mientras dure la ocupación del inmueble por él mismo o por las personas a su cargo. Las empresas no podrán excepcionarse alegando ignorancia del domicilio del deudor.

 

     Artículo 15.- El tribunal, de oficio o a petición 
de parte, podrá decretar los medios probatorios que 
estime pertinentes.
LEY 19866
Art. 1º Nº 8
D.O. 11.04.2003

 

     Artículo 16.- Si se declarare sin lugar el 
desahucio o la restitución, el actor no podrá intentar 
nuevamente tales acciones sino transcurrido seis meses 
desde que haya quedado ejecutoriada la sentencia de 
rechazo, a menos que se funden en hechos acaecidos con 
posterioridad a la fecha de presentación de la demanda.
LEY 19866
Art. 1º Nº 9
D.O. 11.04.2003

 

     Artículo 17.- Los jueces letrados de mayor cuantía 
serán competentes, conforme a las reglas generales del 
Código Orgánico de Tribunales, para conocer en única 
o en primera instancia de los juicios a que se refiere 
este Título, sin perjuicio de las atribuciones que 
competen en la materia a los jueces de policía local 
que sean abogados.
LEY 19866
Art. 1º Nº 10
D.O. 11.04.2003

 

    Artículo 18.- De los juicios en que el Fisco sea parte o tenga interés conocerán en primera instancia los jueces a que se refiere el artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales.

 

    TITULO IV 
    Disposiciones generales

 

    Artículo 19.- Son irrenunciables los derechos que esta ley confiere a los arrendatarios.

 

    Artículo 20.- En los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario.

 

    Artículo 21.- En caso de mora, los pagos o devoluciones que deban hacerse entre las partes de todo contrato de arriendo, regido o no por esta ley, se efectuarán reajustados en la misma proporción en que hubiere variado el valor de la unidad de fomento entre la fecha en que debieron realizarse y aquella en que efectivamente se hagan.
    Cuando se deban intereses, se calculará sobre la suma primitivamente adeudada, más el reajuste de que trata el inciso anterior.

 

    Artículo 22.- Todo lo dispuesto en esta ley respecto de los arrendadores y arrendatarios se aplicará, en su caso, a los subarrendadores y subarrendatarios, respectivamente.

 

      Artículo 23.- En caso de negativa del arrendador 
a recibir la renta de arrendamiento o a otorgar el 
correspondiente recibo al arrendatario que no deseare 
recurrir al procedimiento de pago por consignación 
establecido en el párrafo 7° del Título XIV del libro 
IV del Código Civil, podrá depositar aquélla en la 
unidad del Servicio de Tesorerías que corresponda a la 
ubicación del inmueble, indicando el nombre, apellidos 
y la residencia del arrendador. Dicha unidad le 
otorgará el respectivo recibo y comunicará al 
arrendador, por carta certificada, la existencia del 
depósito. Este pago se considerará hecho al arrendador 
para todos los efectos legales; pero su suficiencia 
será calificada en el juicio que corresponda.
     El retiro del depósito por el arrendador no 
significará renuncia a sus derechos ni producirá los 
efectos previstos en el inciso tercero del artículo 
1.956 del Código Civil.
     Si trancurridos tres años desde la fecha del 
ingreso del depósito en el Servicio de Tesorerías, el 
arrendador no hubiere efectuado su retiro, los fondos 
correspondientes pasarán a rentas generales de la 
Nación.
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
LEY 18899
Art. 19
D.O. 30.12.1989

 

     Artículo 23 bis.- Para los efectos del artículo 
1.942 del Código Civil, a los contratos de 
arrendamiento regidos por esta ley les será aplicable 
lo dispuesto en el artículo 598 del Código de 
Procedimiento Civil.
LEY 19866
Art. 1º Nº 11
D.O. 11.04.2003

 

     Artículo 24.- Serán sancionados con multas de una 
a sesenta unidades de fomento, que impondrá el juez que 
conozca del juicio en que sea controvertido el hecho 
que las motiva:
     1) El arrendatario que, en los casos contemplados 
en los incisos segundo y tercero del artículo 11, 
incurriere en falsedad en la declaración, sea acerca de 
la existencia o no de subarrendatarios, sea acerca de 
sus nombres; 

     2) El subarrendador que, habiendo percibido las 
rentas de subarriendo, no pagare la renta del 
arrendamiento y a consecuencias de ello el 
subarrendatario fuese lanzado del inmueble.
     Las multas indicadas serán de beneficio fiscal 
e ingresarán a Rentas Generales de la Nación, y 

     3) El arrendador que injustificadamente se 
negare a otorgar al arrendatario la autorización para 
abandonar el inmueble y retirar sus muebles, o el 
recibo que acredite el pago de la renta de 
arrendamiento.
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
LEY 19866
Art. 1º Nº 12 a)
D.O. 11.04.2003
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
LEY 19866
Art. 1º Nº 12 b)
D.O. 11.04.2003
LEY 19866
Art. 1º Nº 12 c)
D.O. 11.04.2003

 

    TITULO V 
    Disposiciones varias

 

    Artículo 25.- Derógase el decreto ley N° 964, de 1975, sobre arrendamiento de bienes raíces urbano, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 357, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 22 de Agosto de 1978.

 

    Artículo 26.- Derógase el artículo único de la ley N° 17.410.

 

     Artículo 27.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, cuyo texto fue fijado por el decreto 
supremo Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
publicado en el Diario Oficial de 13 de Abril de 1976:
     a) Sustitúyese el artículo 145 por el siguiente:
     "Artículo 145.- Ninguna obra podrá ser habitada o 
destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva 
parcial o total.
     Los inmuebles construidos o que se construyan, 
según los permisos municipales, para viviendas no 
podrán ser destinados a otros fines, a menos que la 
municipalidad respectiva autorice el cambio de destino y 
el propietario obtenga la aprobación de los planos y 
pague el valor de los permisos correspondientes, cuando 
procediere.
     No se considerará alteración del destino de un 
inmueble la instalación en él de pequeños comercios o 
industrias artesanales, o el ejercicio de una actividad 
profesional, si su principal destinación subsiste como 
habitacional.
     Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el 
artículo 20, la infracción a lo dispuesto en el inciso 
primero de este artículo podrá sancionarse, además, 
con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su 
recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el 
auxilio de la fuerza pública, que decretará el 
Alcalde, a petición del Director de Obras 
Municipales.", y
     b) Reemplázase el artículo 162, por el siguiente:
     "Artículo 162.- Son "viviendas económicas" las que 
tienen una superficie edificada no superior a 140 metros 
cuadrados por unidad de vivienda y reúnen los 
requisitos, características y condiciones que se 
determinan en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
1959, en la presente ley y en el Reglamento Especial de 
Viviendas Económicas.
     Las viviendas económicas gozarán del régimen de 
beneficios, franquicias y exenciones del decreto con 
fuerza de ley Nº 2, de 1959.
     Las viviendas ya construidas por las ex 
Corporaciones de la Vivienda, de Servicios 
Habitacionales y de Mejoramiento Urbano y las que en el 
futuro construyan los Servicios de Vivienda y 
Urbanización se considerarán viviendas económicas 
para todos los efectos legales, siempre que no excedan 
la superficie máxima permitida.
     En las viviendas económicas podrá consultarse el 
funcionamiento de pequeños talleres artesanales o el 
ejercicio de una actividad profesional, si su principal 
destino subsiste como habitacional.
     Sólo podrá autorizarse el cambio de destinación 
respecto de viviendas que, por su construcción, hayan 
gozado, gocen o sigan gozando de cualquier franquicia o 
exención tributaria o de otra naturaleza, sea en forma 
directa o indirecta, cuando hayan transcurrido a lo 
menos cinco años desde la fecha del certificado de 
recepción definitiva.
     El cambio de destinación en estos casos hará 
caducar de pleno derecho las franquicias, beneficios o 
exenciones que se encuentren subsistentes.".
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982
RECTIFICADO
D.O. 04.02.1982

 

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

    Artículo 1°.- Los contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley continuarán regidos por las disposiciones del decreto ley N° 964, de 1975, el que se entenderá subsistente a todas sus partes para tal fin.
    Los juicios actualmente pendientes y los que se promuevan en el futuro, relativos a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, se sustanciarán y fallarán con arreglo a las disposiciones del decreto ley N° 964, de 1975.

 

     Artículo 2º- Los contratos de arrendamiento de
bienes raíces urbanos que se celebren durante los
cuatro años siguientes a la fecha de publicación de la
presente ley se regirán, además, por las siguientes
normas relativas a renta y garantía:
1) La renta anual máxima no podrá exceder del 11%
del avalúo vigente para el pago del impuesto
territorial.
Si se modificaren los avalúos vigentes para el pago
de dicho tributo, la renta máxima de arrendamiento se
ajustará automáticamente en la misma proporción en
que se hubieren modificado los avalúos respectivos,
pudiendo el arrendador cobrar hasta dicha renta sin
necesidad de convención modificatoria especial.
El Servicio de Impuestos Internos establecerá de
oficio en el rol general de avalúo y en los recibos de
contribuciones la renta anual máxima de arrendamiento
aplicable a los inmuebles en general.
2) La renta del inmueble que se arriende por
piezas, secciones o dependencias se determinará
separadamente por cada una de ellas y no podrá
exceder, en conjunto, de la renta máxima total de
todo el inmueble.
Cualquiera de las partes podrá solicitar al
Servicio de Impuestos Internos la fijación de la renta
de la o las piezas, secciones o dependencias del
inmueble.
3) El subarrendador sólo podrá cobrar al o a los
subarrendatarios la renta proporcional a la renta
máxima legal correspondiente a todo el inmueble,
aumentada hasta en un 10%.
No obstante, si se subarrendara todo el inmueble,
se estará a lo dispuesto en el número anterior.
4) Si el arrendamiento o el subarrendamiento incluye
bienes muebles, la renta de estos últimos se fijará
separadamente del inmueble y no podrá exceder del 30%
de la renta máxima. Sin embargo, si la renta máxima no
excediere de una unidad de fomento, no podrá cobrarse
renta alguna por el arriendo de los bienes muebles.
5) El arrendador no podrá, directa o
indirectamente, exigir al arrendatario, convenir con
éste, ni percibir una renta superior a la máxima
legal, ni el pago anticipado de más de un mes de dicha
renta.
6) Todo lo que el arrendatario pagare o se obligare
a pagar, sea en dinero o en especies, de una vez o
periódicamente, por cualquier concepto que, en forma
directa o indirecta, aumentare la renta, se considerará
como tal.
7) El arrendador podrá exigir al arrendatario que
caucione sus obligaciones mediante una garantía que
deberá ser en dinero y, en tal caso, ésta no podrá
exceder de un mes de renta.
Cuando procediere la devolución de la garantía, el
arrendador deberá restituirla reajustada en la misma
proporción a la variación que haya experimentado el
Indice de Precios al Consumidor, determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo
que haga sus veces, entre el mes anteprecedente a la
entrega de ella y el mes anteprecedente al de su
devolución.
8) Las convenciones y los pagos que contravengan
lo dispuesto en los números anteriores adolecerán de
nulidad absoluta y las sumas que el arrendador hubiese
percibido con infracción a lo establecido en dichos
preceptos las devolverá al arrendatario con más el
interés corriente, desde la fecha de su respectiva
percepción.
9) La renta no comprende los gastos por los
servicios de calefacción, agua potable, agua caliente,
gas, energía electrica, ni los gastos por servicios
comunes de que goce el arrendatario, incluyéndose en
ellos los correspondientes a la administración de los
bienes comunes.
El precio de estos servicios y gastos deberá
determinarse independientemente de la renta, no podrá
significar lucro o beneficio para el arrendador y,
cuando sea percibido por éste, deberá expresarse en el
recibo pertinente, en forma separada de la renta de
arrendamiento.
Si el arrendador hubiere percibido sumas superiores
por los gastos y servicios a que se refiere este
número, devolverá el exceso al arrendatario, con más
el interés corriente desde la fecha de su percepción y
el reajuste que proceda de acuerdo con el alza
experimentada por el Indice de Precios al Consumidor,
determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas.
10) El propietario que haya adquirido un bien raíz
por intermedio del sistema nacional de ahorro y
préstamo o a través de cualquier institución o
entidad que financie la compra de bienes raíces
mediante la concesión de mutuos hipotecarios
reembolsables periódicamente, que no posea otro dentro
del mismo departamento, tendrá derecho a percibir por
tales inmuebles una renta igual al dividendo que pague a
la respectiva asociación u organismo y los gastos
señalados en el número 9) que procedan.
Serán también de cargo del arrendatario los demás
gastos en que incurra el comprador con motivo del
servicio de su préstamo durante el período
correspondiente y hasta la restitución del inmueble.
11) No regirá lo dispuesto en los números 1) al
10) respecto de los contratos de arrendamiento y
subarrendamiento de los siguientes bienes raíces:
a) Las edificaciones cuyo certificado de recepción
final se haya otorgado por la municipalidad respectiva
con posterioridad al 12 de Abril de 1975.
b) Los construidos conforme al decreto con fuerza de
ley Nº 2, de 1959, o a la ley Nº 9.135.
c) Todas las viviendas cuyos avalúos, para los
efectos del pago del impuesto territorial, sean
superiores a cuatrocientas seis unidades de fomento.
d) Los destinados a locales comerciales o
industriales; oficinas; teatros y cines, y, en general,
a actividades lucrativas.

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